En un contexto en el que no tenemos la cura o la vacuna para enfrentar un virus, ver la emergencia global como una guerra dota de agencia a muchas personas valientes que se encuentran al frente de batalla. Tal es el caso del personal de servicios esenciales como salud, fuerzas del orden, limpieza, abastecimiento de comida, entre otros. Mientras se desarrolla el conflicto y se vuelve notoria la fragilidad de la vida, muchos de nosotros nos encontramos en busca de un refugio a la espera de un panorama más seguro y prometedor. La pandemia originada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 nos ha obligado a cambiar el funcionamiento de nuestras sociedades drásticamente y, sobre todo, a adoptar medidas de distanciamiento físico para evitar la propagación del virus. Hasta ahora, la mejor manera ha sido quedarnos en casa. Por ello, la campaña Stay home ha sido replicada en distintos países. De este modo, la vivienda se ha convertido en el único refugio, un espacio seguro para afrontar esta emergencia sanitaria.

Entendiendo la vivienda:

Para empezar, la vivienda es la unidad vital para un adecuado nivel de vida de la población, debido a los múltiples servicios que le brinda para hacer su existencia más confortable. En ese sentido, la vivienda es un derecho fundamental reconocido universalmente desde hace más de un cuarto de siglo. Ella es un lugar permanente y seguro que merece toda persona, donde pueda recogerse junto a su familia, recuperarse física y emocionalmente del trabajo diario y salir cotidianamente rehabilitado para ganarse el sostén de los suyos y de sí mismo. Es un refugio familiar donde se obtiene comprensión, energía, aliento, optimismo para vivir y entregarse positivamente a la sociedad a que se pertenece. Es una pequeña porción de territorio donde se reconoce exclusividad de uso (Sepúlveda, 1986).

Sin embargo ¿de qué hablamos al referirnos a una vivienda adecuada?. Desde hace más de un siglo está presente el debate sobre las medidas de adecuación de condiciones de habitabilidad y diseño de la vivienda. Partiendo desde la concepción moderna de la arquitectura hasta la actualidad, se busco la producción en serie de las viviendas: fenómeno conocido como industrialización de la arquitectura. Ante la acelerada urbanización, se priorizó un crecimiento vertical de las ciudades favorecido por el desarrollo de nuevas tecnologías en la construcción mediante el uso del acero y concreto principalmente.

De este modo, en los congresos de 1929 (Frankfurt) y 1930 (Bruselas), este fue el tema principal. Bajo el nombre Das Existenzminimum, (el mínimo existencial), se buscó definir cuál es el tamaño y cualidades de la vivienda para el mínimo nivel de vida o la vivienda mínima, concluyendo que el espacio mínimo vital debería estar en torno a los 40 m2 para una familia de entre seis y ocho integrantes, lo habitual para la época (El Espectador, 2020).

En ese sentido, actualemente podemos apreciar que en el Perú el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma A020, en su artículo 8º se establece que “ El área techada mínima de una vivienda sin capacidad de ampliación (departamentos en edificios multifamiliares o en conjuntos residenciales sujetos al régimen de propiedad horizontal) será de 40 m2”.   Lo que significa que se pueden hacer unidades de vivienda con un área mínima de 40m2. No obstante, cabe precisar que el número de personas para el que está previsto este tipo de viviendas es entre una y tres personas máximo.

En los últimos años se ha visto el incremento de las viviendas multifamiliares con áreas mínimas. El sector inmobiliario justifica que el área reducida se compensa con las diferentes áreas comunes que ofrecen (Cine, gimnasio, zona de parrillas, piscina, etc). En muchos de estos casos queda claro que la vivienda con medidas mínimas no logran satisfacer las necesidades de calidad y confort. Por ello, es necesario entender “lo que realmente es una vivienda adecuada y lo mucho que aporta en términos de calidad de vida. Lo que significa tener una vivienda espaciosa y bien distribuida, con vista a la naturaleza, con luz natural, con buena ventilación y con un espacio exterior, un balcón, un jardín o un terrado accesible desde ella, y qué privilegio es vivir así en pleno siglo XXI” (Golda, 2020).

Así, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte [1] . Así mismo, el Comité señala que para que una vivienda sea adecuada, debe reunir los siguientes criterios:

  • Seguridad de la tenencia: sus ocupantes deben contar con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
  • Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: sus ocupantes requieren del acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
  • Asequibilidad: si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes, no es adecuada.
  • Habitabilidad: debe garantizar seguridad física y proporcionar espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
  • Accesibilidad: debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.
  • Ubicación: ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales. No debe estar ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
  • Adecuación cultural: debe tomar en cuenta y respetar la expresión de la identidad cultural.

Cambios de enfoque sobre vivienda por el coronavirus:

Antes de la pandemia el tiempo promedio que uno pasaba dentro de la vivienda era mínimo debido a las diferentes rutinas diarias, dependiendo de los diferentes estilos de vida. En las grandes ciudades, por ejemplo,  las largas distancias entre el hogar y el lugar de trabajo, o centro de estudios, obligaba a ver la vivienda como un lugar de descanso principalmente. Ello influyó en el sector inmobiliario para que la la gran mayoría de las viviendas que ofrecen cuenten con espacios mínimos. La priorización de la rentabilidad del espacio sobre la que se construye un multifamiliar excluye muchas veces la adecuada iluminación natural y la ventilación. Esto nos lleva a contar con áreas mínimas que no ofrecen confort. Sin embargo, frente al decreto del gobierno de quedarnos en casa, “el espacio donde vivimos, de repente, se ha convertido en el lugar de permanencia obligada, independientemente de cuáles sean sus características, cuántos sean sus habitantes y de dónde se encuentre este hogar” (Golda, 2020).

Por tanto la vivienda se ha convertido en un primer momento en un refugio.  En efecto, ante el brote inicial del covid-19, es el espacio principal para evitar el contagio ya que favorece un distanciamiento físico con las personas del exterior. De hecho, las personas podían salir a las calles solamente bajo determinadas circunstancias, entre las que se destacan el abastecimiento de alimentos para pasar tiempo en casa. No obstante, el cumplimiento de estas disposiciones no han implicado la misma dificultad para todos. Por un lado, para los sectores más privilegiados, el aburrimiento puede ser un problema. Por otra parte, acciones que pueden parecer tan simples como mantener ciertos hábitos de higiene, ya sea lavarse las manos o tener espacios de desinfección, no lo han sido para los sectores más desfavorecidos. En muchos de ellos, no se cuenta con un acceso constante a agua por ejemplo. Quedarse en casa resulta desafiante ante la ausencia de servicios básicos o condiciones que agravan el aislamiento por un tiempo prolongado, el hacinamiento por ejemplo.

Ahora bien, han transcurrido más de dos meses desde el inicio de la cuarentena en nuestro país y la vivienda se ha convertido en algo más que solo un refugio: un  espacio multifuncional. Como señalan diversos expertos, la vivienda es ahora el “único espacio de convivencia, trabajo, ocio y desarrollo de actividades ordinarias y extraordinarias para todos los miembros del hogar” (El Espectador, 2020). Esto implica que la transformación de las viviendas no solo sucede de un espacio de descanso hacia uno de refugio, sino ahora hacia uno de desarrollo personal. Esto significa que la vivienda debe contar además con elementos necesarios para facilitar el trabajo remoto, la educación virtual, recreación, espacios de ejercicio, entre otros. Para ello necesitamos pensar en el acceso universal a internet, por ejemplo.

La importancia teórica de lo anterior es resultado de la comprensión de los cambios de nuestras dinámicas sociales en este contexto en particular. Sin embargo, la puesta en práctica nos obliga a pensar no solo en cuántas personas pueden acceder a una vivienda adecuada actualmente, sino también en qué medida. La respuesta requiere de una visión económica de nuestras ciudades y sus habitantes. En el Perú en concreto, la informalidad ha predominado en varios ámbitos de nuestras actividades económicas y el desarrollo urbano no es una excepción.   

Al respecto, Jean Pierre Crousse manifestó que “En el Perú, cuando hablamos de vivienda, no podemos disociar lo formal de lo informal y viceversa. Si por ejemplo, en América Latina, alrededor del 20% de la población urbana vive en asentamientos informales, así el 50% de la economía es informal. En el Perú la vivienda informal en ambos casos alcanza cifras que se elevan en torno al 70%” [2].

En efecto, a pesar de ser el país que decretó una cuarentena total el 16 de marzo y ser el que realizó la mayor cantidad de pruebas, 700 mil aproximadamente, es el segundo con más casos a nivel regional después de Brasil. Debido a que millones viven del día a día, las medidas para el cumplimiento riguroso de una cuarentena por parte del Estado han sido ineficaces [3].

Déficit cualitativo y nociones de habitabilidad:

La informalidad en la economía tiene diversos efectos adversos; del mismo modo, en la habitabilidad. Cuando nos referimos a habitabilidad, nos referimos a la carencia o ausencia de un componente cualitativo. De acuerdo al INEI [4], se consideran las deficiencias en la calidad de la vivienda ya sea materialidad (paredes y pisos), espacio habitable (hacinamiento) y servicios básicos (agua potable, desagüe y electricidad). Este cálculo busca determinar (identificar) aquellas viviendas que requieren ser mejoradas en cuanto a su infraestructura en los aspectos mencionados. Por ejemplo, las personas que no cuentan con una vivienda buscan invadir terrenos desocupados para armar monoambientes con materiales precarios como las esteras, carrizos y plástico de cobertura que gradualmente constituyan una vivienda.

Kathrin Golda en ese sentido, afirma que “en Lima, alrededor de una tercera parte de los hogares se encuentran en una situación de elevada o extrema pobreza. Las precarias viviendas son de materiales ligeros que no protegen ni del frío ni del calor y exponen a los habitantes a la humedad, constantemente presente en la atmósfera de la capital de Perú”.

Aunque estas personas, al igual que los demás, no advirtieron enfrentar una pandemia en tales condiciones, lamentablemente se ven obligadas a hacerlo. Generalmente, esto se debe a que una vivienda informal se construye en varios años y, contradictoriamente, luego se instalan los servicios. Según Enrique Pajuelo, presidente del Comité de Formalización de la Cámara de Comercio del Perú (CAPECO), Esto produce que durante un periodo no cuenten con acceso a agua, alcantarillado y electricidad. Por ello, el costo  de estos servicios puede llegar a ser cinco veces mayor al de una vivienda forma. Por ejemplo, un ciudadano de un asentamiento humano paga por el agua que le venden en camiones cisternas -según SUNASS- un promedio de 15 soles/m3 [5]. Posteriormente, abastecer sus hogares de servicios básicos a través de saneamiento y habilitación urbana del predio puede costar hasta nueve veces más (Perú21, 2019).

Además de las condiciones más básicas precisadas inicialmente, un enfoque preventivo ha permitido el desarrollo de herramientas para anticipar el agravamiento de la situación de diversos sectores. La OMS, por ejemplo, estableció directrices sobre vivienda y salud [6] con la finalidad de mejorar de las condiciones de habitabilidad, ya que pueden salvar vidas, prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza, ayudar a mitigar el cambio climático y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En contraparte, las malas condiciones de habitabilidad pueden exponer a las personas a una serie de riesgos para la salud. Dichas directrices deben contemplar los siguientes aspectos:

  • Hacinamiento: buscar elaborar estrategias para prevenir y reducir la cantidad de residentes en un hogar.
  • Frío y aislamiento de interiores: las temperaturas deben ser lo suficientemente altas para proteger a los usuarios de los efectos nocivos del frío a través del aislamiento térmico eficaz y seguro en las viviendas.
  • Calor en interiores: se deben elaborar mecanismos para proteger a la población del exceso de calor en los espacios interiores.
  • Seguridad y traumatismos: las viviendas deben contar con dispositivos de seguridad, como alarmas contra incendios, protectores de ventanas y otros, y tomar medidas en el diseño para reducir el riesgo de sufrir traumatismos involuntarios.
  • Accesibilidad: Basándose en la prevalencia de deficiencias funcionales, y teniendo en cuenta las tendencias del envejecimiento, una proporción adecuada del parque de viviendas debe ser accesible para las personas con deficiencias funcionales, o debe incorporar ajustes razonables para los usuarios que la necesiten.

Si bien estas directrices fortalecen la habitabilidad de una vivienda, no se han previsto las implicancias de la permanencia prolongada en el hogar a consecuencia del aislamiento social. Esto nos obliga a establecer un nuevo criterio que contemple evitar la afectación grave de la salud mental y a mejorar la misma. Cuerdo Vilches (2020), menciona tres aspectos además de la habitabilidad básica. En primer lugar, se refiere a Viviendas resilientes; es decir, viviendas que cuenten con flexibilidad en sus espacios ante situaciones fortuitas y cambiantes para la alternancia de tareas y puesta en valor de zonas infrautilizadas. Por ejemplo, las entradas y zonas de tránsito ahora son también zonas de desinfección.

En segundo lugar, Vilches se refiere al confort y calidad ambiental en el interior. En ellas resalta aspectos adicionales como la importancia del aislamiento acústico ya que al estar en casa podemos generar mucho ruido. Otra cuestión importante es la calidad del aire interior de los edificios. Diversos estudios advierten de su impacto en la salud y la OMS ha declarado la mala calidad del aire en los ambientes interiores como décimo factor de riesgo evitable. Si no ventilamos convenientemente, bien abriendo ventanas o mediante sistemas híbridos o mecánicos, estas sustancias nos afectarán aún más por sobreexposición. A veces, cumplir con ello supone el uso de dispositivos, como ventiladores. Al tener un alto costo para hogares de recursos económicos escasos, se agravan situaciones de pobreza energética.

Finalmente, está la relación con el entorno. Hemos visto historias en las que espacios de contacto con el exterior, como balcones, funcionan como canal de contacto y reivindicación. Así también, destacamos el uso estratégico de arbolado y jardines para sombreamiento, refresco y limpieza del aire, que disminuye la temperatura y mejora las vistas desde la vivienda. Sobre todo en ciudades como Lima, en la que algunos de sus distritos tienen en promedio 2.95 mt cuadrados de áreas verdes, cuando la OMS establece que el mínimo recomendado es de 9 mt cuadrados por habitante. La gestión de espacios comunes también ha suscitado últimamente interés en las comunidades vecinales: cómo regular su uso y disfrute, evitando contagios. Aquí pueden surgir interesantes propuestas, como los sistemas de compartimentación móviles o inteligentes. A nivel urbano también es importante ver la integración de las viviendas en relación con servicios públicos, transporte, soluciones de energía colectiva renovable y demás en un contexto (post)pandémico.

Adicionalmente, podemos pensar en aspectos como la posibilidad de viviendas se adecuen a mejorar la salud de los usuarios. Pensemos en el beneficio que ha traído la crianza de mascotas durante el confinamiento. En la mayoría de casos han tenido un efecto terapéutico, ayudando a reducir los niveles de estrés, a no sentirnos solos y a fortalecer el sentido de responsabilidad en adultos y niños, incrementando la empatía [7]. Si bien el Tribunal Constitucional estableció que las juntas de propietarios de edificios no pueden prohibir a los vecinos la tenencia de mascotas pues ello sería “transgresión a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito” [STC Exp. N° 01413-2017-PA/TC] (La Ley, 2019).  Ello no significa que las propiedades horizontales cuenten con los espacios adecuados para tener una mascota necesariamente.

Todo esto debe buscar armonizarse con un enfoque sostenible y preparación ante posibles desastres. Si imaginos nuestras regulaciones para prevenir huaicos, o minimizar su impacto, veremos así la prohibición de edificación en zonas de riesgo. Preguntémonos entonces ¿qué medidas pueden regular la prevención en edificaciones de  viviendas ante eventuales epidemias  para minimizar el impacto en la salud por un confinamiento prolongado? Ésta pregunta es de vital relevancia para entender la necesidad de repensar el derecho a la vivienda por dos motivos: i) incluso ante el eventual descubrimiento de una vacuna, existe la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se vuelva endémico. Así lo indicó el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, al evaluar la posibilidad de que el patógeno siga el curso de otros virus que siguen activos en el mundo (BBC, 2020), y ii) la frecuencia de las pandemias y epidemias de este tipo se ha incrementado en las últimas décadas.

Llorente (2020) detalla que hay 7 tipos de Coronavirus conocidos que pueden infectarnos, son denominados HCovs. Cuatro de ellos (HCoV-229E, HCoV NL63, HCoV-HKU1, y HCoV-OC43). «Suelen causar un resfriado común y pueden ser potencialmente más graves en personas “inmunocomprometidas» explica el doctor Anthony Fehr, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Y los tres restantes tipos de coronavirus que han causado brotes de enfermedades graves en humanos son el SARS-CoV (2002-2003), MERS-CoV (2012-actualidad) y ahora el SARS-CoV-2 2019.

Déficit cuantitativo y acceso a vivienda:

Ahora bien, cuando el déficit cualitativo está generalizado a nivel urbano, es correcto hablar de una dimensión cuantitativa. En esa línea, el INEI considera el déficit cuantitativo como la carencia de viviendas aptas para cubrir las necesidades habitacionales de los hogares que no poseen viviendas, de tal manera que cada vivienda pueda albergar en su interior a un solo hogar. A nivel de Latinoamérica, el Perú se ubica en el tercer lugar con mayor déficit de vivienda. De acuerdo al informe del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en el año 2017 a nivel nacional, el 1,9% de los hogares presentan déficit cuantitativo de vivienda. Asimismo, en el área urbana el 2,4% de los hogares presentan déficit cuantitativo de vivienda. Entonces existe un déficit de 1 800 000 viviendas, entre familias que no cuentan con una o habitan una vivienda precaria. Al respecto, el MVCS ha identificado tres problemas: hay un limitado acceso a la vivienda propia, persiste las construcciones informales y hay un escaso desarrollo en la planificación urbana (Rpp, 2017).

Entonces, para referimos al acceso a la vivienda, es conveniente realizar ciertas precisiones. Para empezar, el derecho a la vivienda es diferente al derecho de propiedad o a la propiedad. Es en realidad un derecho más amplio, puesto que contempla derechos no vinculados con la propiedad y tiene como fin asegurar que todas las personas, incluidas las que no son propietarias, tengan un lugar seguro para vivir en paz y dignidad. Por ello, la seguridad de la tenencia es el fundamento primordial del derecho a una vivienda adecuada. Ello implica que puede adoptar diversas formas, entre ellas el alojamiento de alquiler, las viviendas cooperativas, los arrendamientos, la ocupación por los propietarios, el alojamiento de emergencia y los asentamientos improvisados. Por tanto, el derecho a la vivienda adecuada no está limitada al otorgamiento de un título jurídico formal [8].

Por otra parte, el derecho a la vivienda no significa que es un deber del Estado construir viviendas para la población. Supone que la participación del Estado debe adoptar medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todos y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada. En ese aspecto, requiere una actuación inmediata del Estado y no solamente constituir metas programáticas a largo plazo. En ese sentido, el rol del Estado es sobre todo promotor. Esto ha llevado al desarrollo de diferentes programas a los cuales se puede acceder a bonos o créditos, incluso destinado a sectores específicos de la población. Sin embargo, el MVCS menciona que aún no se ha logrado mejorar el problema del déficit habitacional.

Informalidad:

Lamentablemente, el esfuerzo del gobierno no es suficiente para garantizar el acceso a la vivienda sobre todo por la predominancia de una cultura de informalidad. Al respecto, “solo en Lima el 70% de las viviendas son informales y a nivel nacional, esta cifra se puede elevar hasta 80%. De acuerdo con el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), en las zonas periféricas de las ciudades, el nivel de informalidad en la construcción puede alcanzar el 90% incluso” [9]. Esto coloca a la población en una situación de vulnerabilidad ante el suceso de algún desastre natural, o el agravamiento de su calidad de vida por una emergencia sanitaria. Asimismo estas viviendas no pasan por ningún proceso formal, es decir  no poseen un título de propiedad, una licencia de construcción ni fueron diseñadas ni construidas por un profesional. Según Arellano Marketing 2015 solo el 6% de la autoconstrucción en Lima consulta a un profesional (Idencity, 2018) y podemos apreciar lo siguiente:

  • El 65% de la autoconstrucción de las viviendas de Lima no cuenta con licencia. (Fuente: Arellano Marketing, 2015).
  • El 16% de la autoconstrucción es dirigida sólo por el propietario. (Fuente: Arellano Marketing, 2015).
  • Un 57% de la autoconstrucción es realizada por mujeres, que en promedio tienen 40 años. (Fuente: Arellano Marketing, 2016).
  • Autoconstruir puede constar hasta un 40% más. (Fuente: Capeco, 2017).
  • Reparar una vivienda informal puede elevar ese costo hasta 100% (Fuente: CAP, 2018)
  • Hasta 200 mil viviendas podrían colapsar en la ciudad de Lima ante un terremoto de 8 grados. (Fuente: Indeci, 2017)

Adicionalmente, la informalidad en el acceso a la vivienda se agrava ante la escasez de planificación urbana.

Hacinamiento:

Otro fenómeno que está vinculado con el déficit de vivienda y la habitabilidad es el hacinamiento. El INEI define hacinamiento como la densidad de ocupación de los espacios de la vivienda; este resulta de relacionar el número de personas con el número total de habitaciones que tiene la vivienda, sin contar el baño, cocina ni pasadizo. No obstante, existen diversas formas de hacinamiento: i) de personas por cama, ii) de personas por cuarto, iii) de familias por vivienda y iv) de viviendas por terreno (Lentini, 1997). Puga señala que además esto se vincula con el factor demográfico (crecimiento vegetativo de la población y migraciones), los componentes físicos de la vivienda y de su entorno y también ciertos componentes sociales. Sobre los componentes sociales, se considera la densidad habitacional, es decir la relación entre el número de habitantes y el espacio disponible. La densidad se convierte en hacinamiento cuando sobrepasa ciertos límites tolerables (citado en Lentini 1997).

De este modo, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) establece que la cantidad de habitantes en una vivienda está en función al número de dormitorios. Es decir, en las viviendas de un dormitorio el máximo de habitantes debería ser 2, en la viviendas de 2 dormitorios 3 habitantes y en las viviendas de 3 o más dormitorios 5 habitantes. En el país las formas de hacinamiento que más destacan son de personas por cuarto y de familias por vivienda (el resaltado es nuestro). Así, según INEI en los centros poblados rurales y en el área rural 21.7% y 24.9% de ellas mueLA stran la existencia de tan sólo una habitación en la vivienda. Mientras tanto, en las ciudades capitales un 41.1% de las viviendas cuenta con más de tres habitaciones. Asimismo, se menciona que en el estrato rural son más notorias las condiciones de hacinamiento. Las peores condiciones de hacinamiento se observan en la Selva, Sierra Norte y Sierra Sur ya que más de una cuarta parte de las viviendas existentes en esos dominios cuentan con tan sólo una habitación [10].

¿Qué consecuencias trae el hacinamiento en nuestro país al atravesar una crisis sanitaria como la originada por la pandemia del Covid-19? En primer lugar, esto ha significado un serio impedimento de eficacia en confinamiento obligatorio, considerado como uno de los 5 factores predominantes para el crecimiento exponencial de contagios en el Perú (Pighi, 2020). En una vivienda con hacinamiento, el distanciamiento físico por parte de los miembros que residen en ella se ve imposibilitado. Además, se complica ante la ausencia de un sistema de rastreo de contactos de personas contagiadas. En segundo lugar, esto produce agravamiento de la calidad de vida de los habitantes de dichas viviendas, en las que las condiciones son muy precarias e incluso no cuentan con servicios básicos. Dentro de ésta afectación, prevalecen las repercusiones en la salud física y mental, debido a la permanencia extendida en espacios reducidos y el temor al contagio.

Desplazamiento social:

Otro de los efectos del déficit cuantitativo de las viviendas es el desplazamiento forzado de ciudadanos. Según cifras oficiales son 167 mil peruanos los que han buscado regresar a sus regiones, aunque algunos de ellos se quedaron varados antes de la declaración del Estado de Emergencia, una gran mayoría lo hace debido a que ya no puede mantenerse, ni a sus familias [11]. En consecuencia, una gran parte regresa caminando desde Lima a sus ciudades de origen debido a que perdieron el empleo y ya no cuentan con recursos económicos para seguir sosteniendo sus gastos y los pagos del alquiler de las viviendas en Lima [12]. En efecto, ante la ausencia de una vivienda propia, muchas familias alquilaban viviendas que no pudieron costear ante la pérdida de empleos por el confinamiento.

Por ejemplo, tomemos en cuenta este testimonio que refleja lo antes mencionado, por por IDL:“Yo estuve como ayudante de cocina en un restaurante. Tenemos un contrato, sí, pero ahora dicen que nos han suspendido. Igual pienso que no me iban a renovar, porque el contrato es de tres meses. Cada tres meses te hacen nuevo contrato […]. No tengo ahorros, me vence el alquiler y el casero quiere botarnos. ¿Qué hacemos?”, se pregunta Fátima Zapata, quien ha empezado a tomar contacto con un grupo de retornantes que quieren dirigirse a Huancayo, la tierra de sus padres.[13]Además, como hipótesis, el desplazamiento de estas decenas de miles de personas podría generar a su vez algún tipo de hacinamiento en sus regiones o viviendas de origen.

Conclusiones:

En síntesis, queda claro que que la vivienda es el elemento para poder enfrentar la emergencia sanitaria producida la pandemia del nuevo coronavirus, debido a que es el único lugar que permite el distanciamiento físico entre personas. Así la vivienda ha pasado de ser percibida como un lugar de descanso a un refugio inicialmente, y ahora es sobre todo un espacio multifuncional para nuestro desarrollo personal, social y laboral. Por ello, repensar el derecho a la vivienda como un derecho fundamental con los nuevos enfoques de habitabilidad durante un tiempo prolongado debido a una cuarentena inteligente u obligatoria, es fundamental en un mundo en el que la pandemia actual podría convertirse en una enfermedad endémica o ante la posibilidad de enfrentar más enfermedades de este tipo a futuro. Esto guarda especial relevancia en nuestro país si consideramos que uno de los principales ejes para la reactivación económica es la inversión en infraestructura. Necesitamos prever los lugares de residencia como espacios seguros y accesibles para la población, así como establecer mecanismos para reducir la informalidad, pues agrava considerablemente la situación de vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos, la salud de las personas e impide la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno para aplanar la curva. Esto implica que además debe haber una intervención en servicios básicos y mejora de la vivienda construida. Por otra parte, los agentes privados del mercado inmobiliario, deben sacrificar rentabilidad y combinarla con una buena oferta de unidades para que así se incentive el modelo a través de un esquema beneficio mutuo orientado a las familias a futuro. Podríamos considerar también que ante las deficiencias del mercado para garantizar el acceso a hogares a una vivienda adecuada, un trabajo con el Estado en conjunto por medio de Asociaciones Público Privadas podría ser una alternativa, que será objeto de desarrollo en otro apartado.


 Escrito por Ingrid Rivera y Gonzalo Rivera*  Ingrid Rivera Maguiña es estudiante de décimo ciclo de la facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y Gonzalo Rivera Maguiña es estudiante noveno ciclo de la facultad de Derecho de la PUCP y miembro de la comisión de Siembra, Ius Et Veritas.